Estados Unidos persigue 7,7 millones en criptomonedas de Corea del Norte

En el vertiginoso mundo de las criptomonedas, la intersección de la tecnología y el crimen ha comenzado a atraer la atención de las autoridades. Recientemente, un caso en particular ha resaltado cómo los actores estatales, como Corea del Norte, están utilizando el ecosistema de criptomonedas para sus fines ilícitos. La situación actual nos recuerda la vulnerabilidad de este nuevo sistema financiero y la necesidad de una regulación más robusta.

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha solicitado la incautación de **7,74 millones de dólares** en criptomonedas que se cree fueron obtenidos por trabajadores de tecnología de la información (TI) norcoreanos. Estos actores, utilizando identidades falsas, trabajaron como contratistas remotos en diversas empresas del sector blockchain.

Los fondos en cuestión fueron congelados inicialmente en abril de 2023 en el marco de una acusación contra Sim Hyon Sop, un banquero con sede en China, acusado de facilitar el lavado de dinero para estos trabajadores de TI. Según el comunicado del Departamento de Justicia emitido el 5 de junio, se han presentado múltiples criptomonedas para la incautación, incluyendo stablecoins y Bitcoin, junto con tokens no fungibles (NFT) y dominios de Ethereum Name Service que se encuentran en diversas billeteras y cuentas de intercambio como Binance.

Matthew Galeotti, jefe de la división penal del Departamento de Justicia, enfatizó que este caso subraya cómo el régimen norcoreano intenta aprovechar el ecosistema de criptomonedas para financiar sus actividades ilícitas. “El Departamento utilizará todas las herramientas legales a su disposición para salvaguardar el ecosistema de criptomonedas y negar a Corea del Norte sus ganancias ilícitas en violación de las sanciones de EE. UU.”, afirmó Galeotti.

Los métodos de lavado de dinero en criptomonedas

Los trabajadores de TI norcoreanos, tras recibir su pago, que a menudo se realizaba en stablecoins como **USDC** y **Tether (USDT)**, supuestamente utilizaron diversas técnicas para ocultar el origen de los fondos. Estas técnicas incluyen:

• Chain Hopping: Cambiar de una cadena de bloques a otra para desdibujar el rastro de las transacciones.
• Token Swaps: Intercambiar un tipo de token por otro, dificultando el seguimiento de los fondos.
• NFTs: Convertir criptomonedas en tokens no fungibles como una forma de disimular la procedencia.
• Ofuscación de Identidad: Usar documentos de identificación falsos para acceder a plataformas de trabajo y servicios.
• Transferencias Internacionales: Enviar fondos a través de múltiples jurisdicciones para complicar su rastreo.

El Departamento de Justicia ha alegado que estos fondos estaban destinados a ser enviados de vuelta al gobierno norcoreano a través de Sim y Kim Sang Man, otro norcoreano sancionado por la OFAC por lavado de dinero. Este esquema pone de manifiesto cómo los actores estatales buscan nuevas formas de financiar sus operaciones a través de métodos que eluden la supervisión internacional.

La expansión de las operaciones norcoreanas en el sector cripto

En años recientes, Corea del Norte ha intensificado sus esfuerzos por infiltrarse en la industria de la criptografía y recaudar fondos para su régimen. Según un informe publicado por el **Threat Intelligence Group de Google**, el país ha expandido sus operaciones más allá de Estados Unidos, buscando establecerse en el mercado europeo donde el escrutinio es menos intenso.

Investigaciones recientes revelaron que hay una red sofisticada de desarrolladores norcoreanos que ganan hasta **500,000 dólares al mes** trabajando para proyectos de criptomonedas establecidos. Esto plantea serias preocupaciones sobre la seguridad del ecosistema cripto y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir el uso indebido de estas tecnologías.

Advertencias de las autoridades y la creciente preocupación

En 2022, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y el Tesoro emitieron una advertencia conjunta sobre la **afluencia de trabajadores norcoreanos** en trabajos tecnológicos freelance, especialmente en el ámbito de la criptografía. Esta tendencia ha sido motivo de preocupación, ya que no solo representa una violación de las sanciones internacionales, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema financiero global.

Las medidas que se están tomando incluyen la supervisión y seguimiento de las actividades de estos trabajadores, así como el fortalecimiento de las políticas de regulación en el sector de criptomonedas. La atención a estas actividades ilegales es crucial para evitar que se conviertan en una fuente de financiamiento para más acciones ilícitas a nivel global.

Para entender mejor el impacto de los crímenes cibernéticos vinculados a Corea del Norte, es útil ver análisis de expertos. Aquí hay un video que detalla la situación actual de los hackers norcoreanos:

La importancia de la regulación en el ecosistema cripto

El caso de los trabajadores de TI norcoreanos subraya la **necesidad urgente de regulación** en el sector de las criptomonedas. Sin un marco regulatorio robusto, los actores malintencionados pueden utilizar la tecnología para evadir la ley y llevar a cabo actividades ilegales. Entre las medidas que se están sugiriendo se incluyen:

• Verificación de Identidad: Implementar sistemas más estrictos para verificar la identidad de los usuarios en plataformas de criptomonedas.
• Monitoreo de Transacciones: Utilizar tecnología avanzada para rastrear y analizar transacciones sospechosas en tiempo real.
• Colaboración Internacional: Fomentar la cooperación entre países para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
• Educación del Usuario: Proveer información y recursos a los inversores sobre los riesgos asociados con el uso de criptomonedas.
• Regulación de Proveedores de Servicios: Establecer normas para las empresas que ofrecen servicios en el ámbito de las criptomonedas.

A medida que el mundo se adentra más en la era digital, las criptomonedas están destinadas a jugar un papel crucial. Sin embargo, es esencial que se establezcan medidas efectivas para mitigar los riesgos asociados con su uso, especialmente en un contexto donde los actores estatales están cada vez más involucrados en actividades ilícitas.

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