España avanza en ley para que Hacienda embargue criptoactivos

En un movimiento que tiene el potencial de transformar la regulación de los criptoactivos en España, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que permitirá a Hacienda acceder a los datos sobre criptomonedas de los ciudadanos. Esta normativa busca establecer un marco más riguroso para el control fiscal de las criptomonedas, un área que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que, al mismo tiempo, ha presentado desafíos en su regulación.

¿Qué es la Directiva DAC8 y cómo afecta a los criptoactivos?

La Directiva DAC8, una iniciativa de la Unión Europea, tiene como objetivo principal mejorar la cooperación administrativa entre los Estados miembros en materia fiscal. En el contexto de las criptomonedas, esta directiva exige que los exchanges y otras plataformas que operan con criptoactivos informen sobre las transacciones y activos de los usuarios a las autoridades fiscales.

El proyecto de ley que España ha enviado al Congreso busca implementar esta directiva, lo que establece la obligación de reportar los movimientos cripto de los residentes, incluso si estos se encuentran en exchanges extranjeros. Esta medida se considera esencial para combatir la evasión fiscal y garantizar que todas las ganancias obtenidas a través de criptomonedas sean declaradas y gravadas adecuadamente.

Detalles clave del proyecto de ley

Según la normativa propuesta, los proveedores de servicios relacionados con criptomonedas deberán proporcionar información detallada sobre los saldos y operaciones de sus usuarios a la Agencia Tributaria (AEAT). Los datos que se requerirán incluyen:

• Operaciones de compra y venta de criptoactivos.
• Permutas y transferencias de activos digitales.
• Datos personales del titular de la cuenta.
• Número de unidades de cada activo y su valor en el momento de la transacción.

Esta información será similar a la requerida mediante el modelo 172, que ya se utiliza para otros activos financieros. Con esta medida, se busca un mayor control sobre las criptomonedas y se facilita la labor de Hacienda en la identificación de posibles evasores fiscales.

¿Quiénes estarán obligados a informar?

El cumplimiento de esta normativa no se limitará a los exchanges y custodios españoles. También abarcará a cualquier plataforma extranjera que tenga acuerdos con España para el intercambio automático de información. Esto significa que Hacienda podrá obtener datos sobre los criptoactivos que los ciudadanos españoles mantengan en el extranjero, facilitando así el seguimiento de sus activos digitales a nivel global.

Embargo de criptoactivos: un cambio significativo

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es que, por primera vez, la Agencia Tributaria podrá embargar criptoactivos en caso de deudas tributarias. Este cambio es significativo, ya que anteriormente, el embargo solo se limitaba a cuentas bancarias tradicionales. Ahora, Hacienda tendrá la capacidad de acceder a los criptoactivos de los contribuyentes, lo que permite una acción más efectiva en caso de incumplimientos fiscales.

Plazos y objetivos de implementación

El marco legal deberá estar en vigor antes del 21 de diciembre de 2025, con el objetivo de entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2026. Esta fecha es crucial, ya que está alineada con los plazos establecidos por la Comisión Europea y refleja la urgencia de los Estados miembros por adaptar sus legislaciones a la creciente importancia de los criptoactivos en la economía moderna.

Se estima que el fortalecimiento del control fiscal en torno a los activos digitales podría permitir a España recaudar hasta 2.400 millones de euros adicionales. Esta cifra subraya la importancia de regular un sector que, aunque tiene un gran potencial económico, también presenta riesgos significativos en términos de evasión fiscal y lavado de dinero.

La creación de una base de datos común en la UE

José Antonio Bravo Mateu, experto en fiscalidad cripto, ha señalado que la DAC8 implicará la creación de una base de datos común a nivel europeo. Esta base de datos será accesible por las diferentes administraciones tributarias de la UE, lo que permitirá una supervisión más estrecha y efectiva de las transacciones de criptomonedas. A partir de abril de 2027, se espera que la información recopilada sobre los contribuyentes sea mucho más extensa, lo que podría tener implicaciones significativas en la manera en que se gestionan las inversiones en criptomonedas.

Implicaciones para los proveedores de servicios de criptomonedas

La implementación de la DAC8 no es un movimiento aislado. Forma parte de un esfuerzo más amplio a nivel global para regular el uso de criptomonedas y garantizar que todos los proveedores de servicios cumplan con las normativas fiscales. Bravo ha advertido que, al igual que ya ocurre con las normas de KYC (Conozca a su Cliente), no habrá proveedor de servicios de criptomonedas que no esté obligado a informar sobre las transacciones de sus usuarios.

Esto significa que cualquier persona que opere con criptomonedas a través de un exchange o custodio deberá ser consciente de que su información será compartida con Hacienda. La transparencia se convierte, por lo tanto, en un factor crucial para quienes decidan invertir en este tipo de activos.

Reflexiones finales sobre la regulación de criptoactivos

La regulación de los criptoactivos es un tema que está en constante evolución. Con la aprobación del proyecto de ley que implementa la DAC8, España se alinea con las tendencias globales en la regulación fiscal y la supervisión de criptomonedas. Aunque estas medidas pueden ser vistas como un desafío para algunos inversores, también aportan un nivel de seguridad y transparencia que podría fomentar una mayor aceptación de las criptomonedas en el futuro.

En conclusión, la situación actual plantea tanto oportunidades como desafíos para los inversores y proveedores de servicios. La clave estará en adaptarse a estos cambios y entender cómo afectarán el panorama de las criptomonedas y su regulación en los próximos años.

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