Proyecto de ley en EE. UU. busca corsarios del siglo XXI contra cibercrimen

El cibercrimen ha evolucionado a un ritmo alarmante, impulsado por la creciente digitalización y el uso de criptomonedas. En respuesta, el gobierno de EE. UU. ha comenzado a tomar medidas drásticas para abordar esta problemática, incluyendo un proyecto de ley que busca emplear métodos poco convencionales para combatir estas amenazas. El enfoque del proyecto ha suscitado tanto interés como controversia.

Un nuevo enfoque legislativo contra el cibercrimen

El legislador de Arizona, David Schweikert, ha propuesto un innovador proyecto de ley conocido como “La Ley de Autorización de Marca y Represalias de Granjas de Estafas de 2025”. Este proyecto tiene como objetivo empoderar a un nuevo tipo de agentes, a los que se denomina neopiratas, quienes serían autorizados por el estado para combatir a los ciberdelincuentes.

Entre los delitos que estarían en la mira de esta legislación se encuentran:

• Robo de criptomonedas
• Ataques de ransomware
• Estafas de "pig butchering"
• Robo de identidad
• Acceso no autorizado a computadoras

Este enfoque audaz permite al presidente de EE. UU. otorgar patentes de corso a individuos privados armados, quienes podrán usar "todos los medios razonablemente necesarios" para incautar activos y detener a los ciberdelincuentes. Este concepto de corsarios modernos busca llenar un vacío en la defensa cibernética y es una reactivación de leyes históricas que datan del siglo XVIII.

Implicaciones de la nueva legislación para la ciberseguridad

La naturaleza de las amenazas cibernéticas ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Las organizaciones criminales operan de manera más sofisticada, lo que plantea serios desafíos para las fuerzas del orden y la ciberseguridad nacional. El proyecto de ley de Schweikert describe las estafas cibernéticas como “actos de guerra”, resaltando la urgencia de una respuesta efectiva.

El marco legal propuesto podría tener diversas implicaciones, tales como:

• Facilitación de la recuperación de activos robados.
• Incremento en la colaboración entre el gobierno y el sector privado.
• Posibles violaciones a derechos humanos ante la falta de regulación sobre el uso de fuerza.
• Desafíos éticos en el uso de recursos estatales para combatir el cibercrimen.

Además, esta legislación podría abrir la puerta a una nueva era de cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen, donde los estados podrían trabajar juntos para desmantelar redes criminales transnacionales.

El creciente problema del robo de criptomonedas

El robo de criptomonedas ha crecido exponencialmente, con más de 142 millones de dólares perdidos en julio de 2025. La cantidad total de criptomonedas robadas este año supera los 3.000 millones de dólares. Esto pone de relieve la necesidad urgente de estrategias efectivas para mitigar estos delitos.

Las estafas de criptomonedas, como las de "pig butchering", han resultado ser particularmente dañinas, donde los delincuentes manipulan y engañan a las víctimas para que inviertan en plataformas fraudulentas. Estas tácticas son cada vez más sofisticadas y requieren una respuesta igualmente innovadora.

Desarrollo de una reserva de criptomonedas por parte del gobierno de EE. UU.

Como parte de su estrategia de respuesta, el gobierno de EE. UU. ha comenzado a considerar la creación de una reserva nacional de Bitcoin y criptomonedas. Esta iniciativa, que fue anunciada por el expresidente Donald Trump, tiene como objetivo acumular criptomonedas a través de incautaciones y otros métodos de financiación que no impacten el presupuesto nacional.

Algunas acciones recientes incluyen:

• La incautación de más de 20 Bitcoin, valorados en más de 2,3 millones de dólares, durante una operación del FBI.
• Un esfuerzo del Departamento de Justicia para recuperar 1 millón de dólares pertenecientes a un grupo de ransomware.
• La autorización para incautar 2,8 millones de dólares en criptomonedas de un operador de ransomware acusado.

Estas acciones no solo subrayan la magnitud del problema del cibercrimen, sino que también marcan un cambio en la política de activos digitales del gobierno, alineándose con la creciente importancia de las criptomonedas en la economía global.

El futuro de la ciberseguridad y las criptomonedas

Con el aumento constante de los delitos cibernéticos, se hace esencial la evolución de las leyes y políticas de ciberseguridad. La propuesta de la Ley de Autorización de Marca y Represalias de Granjas de Estafas de 2025 podría ser un paso adelante, pero también plantea preguntas sobre la ética y la eficacia de utilizar neopiratas en la lucha contra el cibercrimen.

La situación actual exige una combinación de medidas que incluyan:

• Legislación más estricta contra el cibercrimen.
• Educación y concientización para el público sobre los riesgos de las criptomonedas.
• Fortalecimiento de la colaboración entre gobiernos y empresas tecnológicas.

Por último, es importante que cualquier medida adoptada no solo busque la represión del crimen, sino que también promueva un entorno más seguro para el uso de tecnologías digitales. La ciberseguridad y la protección de activos digitales deben ser una prioridad en la agenda nacional.

Para conocer más sobre estas iniciativas, puedes ver este interesante video relacionado que profundiza en el tema de la ciberseguridad en EE. UU.:

El camino hacia un entorno digital seguro es complejo, y es fundamental que tanto los legisladores como los ciudadanos se mantengan informados sobre los avances y desafíos que se presentan en este campo en constante evolución.

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